Sábado, Noviembre 25, 2017

 Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías

CCOO acusa al Gobierno de apoyar el “esclavismo laboral” en el sector del transporte

ccoo transporte

Para el Sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO, el Gobierno español no debería haberse posicionado con las actitudes más reaccionarias de los países del Este, que buscan eliminar la protección a la clase trabajadora y el “esclavismo laboral” como fórmula para acumular beneficios rápidos.

Como ya informamos ayer mismo, la reunión de los ministros de Empleo de la UE se saldó con el pistoletazo de salida para las negociaciones sobre la nueva Directiva para Trabajadores Desplazados en el territorio de la Unión Europea, de las que, en principio, ha quedado excluido el sector del transporte de mercancías por carretera. Esta exclusión ha venido a variar la posición común adoptada días antes, concretamente el 16 de octubre, en el seno de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, que rechazó todos los intentos de excluir al transporte por carretera del ámbito de la directiva de trabajadoras y trabajadores desplazados, y de la revisión de esta norma y de su aplicación efectiva.
“El Sector de Carretera y Logística de CCOO y la Federación Europea de Trabajadores/as del Transporte (ETF)-señala este sindicato en un comunicado- tenían buenas perspectivas, pero se han visto abocadas al fracaso por las excepciones hacia el transporte por carretera, impulsadas por la ministra de Empleo, Fátima Báñez”.
“La posición común de una mayoría de países-continúa el comunicado- permitirá a los Estados iniciar en noviembre las negociaciones finales con el Parlamento Europeo sobre la revisión de las normas para trabajadoras y trabajadores desplazados, pero la negativa defensa de España, conjuntamente con Portugal, Irlanda, Hungría, Polonia, Republica Checa, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria, no permitirá tener las mismas normas que el resto de trabajadores/as desplazados.”
Los países han aceptado la propuesta de que las nuevas normas para trabajadores/as desplazados no se apliquen al sector del transporte por carretera hasta que se implemente el llamado "Paquete de Movilidad", un conjunto de normas específicas para el sector de transportes que negocian desde junio los ministros de este ramo.
En opinión del sindicato, “un sector de carretera en el que el 30% de los camiones sujetos a controles se comprueba que infringen y son multados por no cumplir normativa europea UE, no se convierte en uno más atractivo y de competencia sana buscando nuevas excepciones a las normas europeas”. “No compartimos-añaden- la imagen de camiones estacionados a lo largo de las carreteras y autopistas europeas, o conductores/as que viven en áreas de estacionamiento inadecuadas y escasas de los mínimos servicios. Queremos y reclamamos un transporte justo con condiciones legales de trabajo y una competencia leal para todas y todos. Este debe ser nuestro objetivo común”.

12 meses desplazados
La posición común, apoyada por una mayoría de países tras varios cambios en el texto, va a permitir que en noviembre se inicien las negociaciones que revisarán las normas para las trabajadoras y trabajadores desplazados, con la finalidad de que el salario, las vacaciones o los descansos, entre otros, se apliquen a estas personas desplazadas en las mismas condiciones que a quienes trabajan en ese país, las trabajadoras y trabajadores locales.
No obstante, se mostraron profundamente divididos sobre la duración máxima de los desplazamientos, que la CE pedía fijar en 24 meses, el periodo de transición para empezar a aplicarla —la CE proponía tres años— y, sobre todo, el tratamiento que debía darse al sector del transporte por carretera y al cabotaje.
Finalmente, el acuerdo cerrado establece que los trabajadores/as podrán estar desplazados 12 meses antes de que empiecen a aplicárseles todas las reglas laborales del país de destino, no solo las relativas a la remuneración, y este periodo podrá ampliarse otros seis meses si lo pide el proveedor de servicios. El tiempo de transición será de cuatro años: los países tendrán tres para introducir las normas en su legislación nacional y uno más para empezar a aplicarlas.