Viernes, Septiembre 22, 2017

 Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías

EMPRESAS BUZÓN: competitividad a cualquier precio.

empresas buzon

Mientras desde Europa acaba de lanzarse un paquete de medidas para abordar el fenómeno del Dumping Social que amenaza con distorsionar el transporte de mercancías por carretera en la UE, los efectos de estas “nuevas reglas de juego” se dejan sentir en buena parte de los países de Europa occidental, entre los que se incluye España. Y uno de los fenómenos más extendido es la proliferación de “empresas buzón”, empresas deslocalizadas, sin actividad en países cuya fiscalidad y coste salarial es hasta ocho veces más reducido.

Una de las consecuencias de esta “globalización” del sector, es la proliferación del fenómeno de las llamadas “Empresas buzón”, que en nuestro país empieza a copar un porcentaje ciertamente preocupante. Según los últimos datos publicados, las empresas buzón controlan ya más de una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país. Mucho más preocupante es este dato si os centramos en las operaciones de cabotaje en España, ya que estas empresas acaparan entre un 75% y un 90% de las operaciones que se realizan.

Este fenómeno no es nuevo en Europa, pero se hace más patente en los últimos cinco años como respuesta a la cada vez mayor capacidad de transporte internacional desplegada por los países del Este, especialmente Polonia, que se ha convertido en una de las potencias europeas de transporte internacional por carretera, y Bulgaria o Rumania. Según el estudio publicado recientemente por el Comité Nacional de la Carretera francés (CNR), que analizaba los costes salariales de los diferentes países europeos, teniendo en cuenta todos los aspectos, el coste anual total de un conductor internacional puede variar entre 16.000€ para un transportista búlgaro y 56.000€ para un transportista belga. La tendencia media en la región es de 45.000€ por año en Europa Occidental y 20.000€ por año en Europa Oriental. También hay que reseñar que tanto Portugal como algunos estados del este de Alemania están más cerca de los promedios orientales.

Ante este panorama, la tentación para las empresas españolas y no sólo las grandes empresas, pues cada vez son más las pymes que declaran haberse visto tentadas a establecer sedes en otros países, se antoja como la única manera de poder competir: basta con establecer una sede ficticia en un país con unos costes salariales mucho menores, despedir a los chóferes nacionales y contratar a conductores de esos países, a un coste netamente inferior.

El sector reclama medidas

El pasado miércoles 12 de Julio se celebró en la sede del Ministerio de Fomento una reunión entre las asociaciones profesionales de transporte y los departamentos de inspección de los distintos organismos con competencias en la inspección del transporte de mercancías por carretera. Esta reunión tuvo como objetivo claro tratar de forma monográfica el control que deben llevar a cabo las Administraciones españolas de Transporte, Hacienda y Trabajo sobre las empresas de transporte deslocalizadas en otros países de la Unión Europea con menores costes laborales y fiscales pero que continúan operando en el mercado español de transporte.

En la reunión, a la que han asistido representantes de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, de la Subdirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo y de las Subdirecciones Generales de Control y Planificación y de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la Agencia Tributaria, cada una de las administraciones presentes ha explicado el tipo de control que lleva a cabo sobre este tipo de conductas.

Por parte de la Inspección de Transporte se ha informado de que su actuación se lleva a cabo mediante controles a los vehículos extranjeros y su relación con los clientes españoles donde realizan la carga y descarga de las mercancías transportadas. Asimismo se inspecciona a la empresa matriz española de la empresa deslocalizada, habiéndose detectado que la empresa filial deslocalizada (empresa buzón) llega a desarrollar su actividad en España entre el 75% y el 90% del total de su facturación, habiéndose asimismo detectado que dichas empresas deslocalizadas incurren habitualmente en otras infracciones graves de transporte.

Por parte de la Inspección de Trabajo se informó a las asociaciones profesionales de que su labor se lleva a cabo en el control de que el conductor desplazado está correctamente dado de alta en la Seguridad Social del Estado de establecimiento mediante la acreditación del certificado A-1. Sin embargo la Inspección de Trabajo desconoce si las empresas deslocalizadas que desplazan conductores a nuestro país cumplen su obligación de comunicar previamente su desplazamiento conforme a las declaraciones de desplazamiento que corresponde gestionar a las Comunidades Autónomas.

Por último, la Agencia Tributaria también quiso clarificar cuales son las obligaciones fiscales que deben llevar a cabo las empresas deslocalizadas que operan en nuestro país. Así, por lo que respecta a la imposición indirecta, el IVA a devengar debe ser siempre el IVA español, ya sea el servicio de transporte internacional o de cabotaje (transporte interior).

Respecto a la imposición directa, el tipo de tributación del Impuesto de Sociedades es muy similar en España al existente en Portugal o los países del Este de Europa. En todo caso, debe comprobarse si la empresa deslocalizada no tiene actividad ni dirección real en el Estado donde está establecida, ya que en tal caso su actividad deberá tributar en España. Asimismo, en caso de facturación entre la empresa matriz española y la filial deslocalizada, se considerará actividades vinculadas, por lo que se debería comprobar si aplican condiciones de mercado. Por otra parte, recuerda que en la web de la Agencia Tributaria existe un buzón de denuncias públicas a disposición de todos los ciudadanos.

cabotaje

Comunicación previa de desplazamiento

Por parte de las asociaciones, se ha expuesto la necesidad de luchar contra la competencia desleal que están llevando a cabo las empresas deslocalizadas (empresas buzón) que, según denuncia Fenadismer, “controlan más de una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país, y asimismo con cada vez mayor presencia en el transporte de cabotaje en España (así en el caso de las flotas de transporte rumanas ha multiplicado por 20 su presencia en España en los últimos 5 años, ocupando en la actualidad la 2ª posición)”. “Ello está ocasionando un impacto muy negativo para el tejido empresarial de transporte español por la actuación insolidaria y “poco patriótica” que llevan a cabo los grandes empresarios que deslocalizan sus empresas en los países del Este de Europa principalmente, a los únicos efectos de aprovecharse los menores costes fiscales y laborales (hasta 8 veces inferior a los de España) para de este modo poder competir en mejores condiciones en el mercado español de transporte nacional e internacional en el que siguen operando”, afirman desde esta federación.

Las asociaciones profesionales han solicitado a la Inspección de Trabajo que se intensifique el control que se lleva a cabo sobre las empresas deslocalizadas, especialmente verificando que cumplan su obligación de comunicación previa de desplazamiento ante la autoridad laboral española cuando desplacen a sus conductores a nuestro país, un control para el que puede utilizarse la información registrada en el aparato tacógrafo.

AL HABLA CON...

santiago

SANTIAGO LÓPEZ-MONTENEGRO | Presidente de TRADIME

“Mientras en Rumanía la Seguridad Social de un conductor cueste 50€ y los salarios sean una cuarta parte que en España, será muy complicado acabar con el Dumping social”.

Tradime es una de las asociaciones más beligerantes con el problema del llamado “dumping social”... ¿Tan grave es la situación?
“El fenómeno de las llamadas empresas buzón empezó a tomar cuerpo durante 2015 y se extendió durante los siguientes años, al menos en Aragón de forma alarmante, hasta el punto de que hay personas especializadas en domiciliar empresas en Rumanía. La mayoría de los casos se trata de empresas de tamaño medio grande, pero ya se ofrece incluso a pymes... a mi me ha ocurrido. Como muestra, baste decir que el propio Gobierno de Aragón tiene un acuerdo con una empresa que desarrolla una oficina comercial en la ciudad de Cluj-Napoca, en Rumanía, donde al menos hay domiciliadas 50 y tantas empresas aragonesas, nueve de ellas son empresas de transporte. No quiero decir que todas sean empresas buzón.
Sin embargo, he de admitir que, a raíz de una denuncia efectuada por Tradime en 2016 por prácticas de competencia desleal contra una empresa de transporte que se saldó una sanción de 72.000 €, el problema se ha reducido notablemente”.

¿Crees que desde los servicios de inspección se puede controlar mejor este fenómeno? ¿Qué propondríais vosotros?
“En la reunión que mantuvimos con los servicios de inspección de Transporte, Trabajo y de la Agencia Tributaria se puso de manifiesto que se están haciendo cosas, pero es muy difícil tomar medidas realmente eficaces. De todos los departamentos implicados quien más podría hacer es el Ministerio de Trabajo, pero aún así lo tiene complicado en la medida que su actuación tiene que venir precedida de una denuncia de Fomento”.

Las medidas que va a impulsar la Comisión Europea para luchar contra el fenómeno del Dumping Social... ¿crees que serán efectivas en materias como el cabotaje o el salario mínimo?
“El Gobierno español está muy presionado por las grandes empresas de transporte de este país, que tienen mucho poder.
Además parece haber una obsesión por la “competitividad”, por encima de todo, incluso de las personas.
Estamos en una Europa claramente de dos velocidades, y mientras no haya una armonización en el mercado europeo, mientras en Rumanía, por poner un ejemplo, la Seguridad Social de un conductor cueste 50 € y los salarios sean una cuarta parte, será muy complicado acabar con el Dumping social.
Lo sorprendente es que España no se haya alineado con los países más beligerantes frente al Dumping Social, porque el transporte español está siendo muy perjudicado. Además, se empieza a producir un “efecto llamada” para muchos conductores que ahora tienen mucho más difícil trabajar en países como Francia, Italia o Alemania”.

¿Qué próximos pasos tenéis previstos para seguir con vuestra campaña antidumping?
“Después de las campañas que hemos puesto en marcha ahora estamos trabajando codo con codo con el Gobierno de Aragón, denunciando a las empresas que cometen este tipo de irregularidades. Además, nos hemos dado cuenta de que hay que involucrar a la sociedad, hacerle ver que el problema es de todos, porque hay gente a nuestro alrededor que está trabajando en unas condiciones lamentables”.