Lunes, Junio 26, 2017

 Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías

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Convenios colectivos, negociando al borde del precipicio

Con la mirada puesta en el próximo 8 de julio, fecha en la que expiran una buena parte de los convenios colectivos, algunos como el de transporte de mercancías por carretera datan de 2009, y ante la aparente imposibilidad de llegar a un acuerdo, sindicatos y patronal buscan desactivar un conflicto sectorial que puede estallar en cualquier momento.

El viejo dicho de que “a perro flaco todo son pulgas”, demuestra una vez más la vigencia del rico refranero español con lo que viene ocurriendo en el sector del transporte de mercancías por carretera. Tras ya casi seis años de dura crisis, con más de 30.000 empresas desaparecidas “en combate”, una demanda que no deja de bajar, al igual que los precios que se cobran, y unos costes asfixiantes, que ahogan la escasa rentabilidad de las empresas, desde hace unos meses asistimos al enfrentamiento entre patronales de transporte y sindicatos enzarzados en un dura pelea por la negociación de los convenios colectivos para el sector.
Una negociación colectiva que, además, tiene fecha de caducidad: El próximo ocho de julio finaliza el plazo para renovar su actual convenio colectivo, con la espada de Damocles que pende sobre los trabajadores del sector, pues si no se consiguen cerrar  acuerdos que garanticen dichos convenios colectivos, el sector está abocado a una desregulación muy peligrosa.
La cuestión de los convenios colectivos, en todos los sectores en general y en el sector del transporte de mercancías por carretera en particular es un calvario para el sector, entre otras cosas, porque al ser una negociación diferente en cada provincia ha sido fuente de importantes conflictos. No faltan los que abogan porque esta negociación sea de carácter estatal, como lo hizo recientemente  el presidente de ASTIC, Marcos Basante, “en los tiempos actuales, con los problemas que estamos teniendo de todo tipo, deberíamos lograr que sea de carácter general y no provincial”. En el fondo de la cuestión planteada por Basante, subyace una realidad; las diferencias salariales existentes entre unas provincias y otras, que en algunos casos llegan hasta el 20% .
Otro de los problemas con los que se enfrentan, en este caso los más “perjudicados son los sindicatos” es la reforma laboral aprobada el año pasado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en la  que  consagra el principio fundamental de que la relación empresas-trabajadores prevalezca sobre el resto, es decir, los convenios de empresa, en los que, obviamente, los trabajadores, mediante sus representantes legales, tienen menos margen de maniobra real frente a la empresa.

 

Negociación atascada

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Los sindicatos acusan a las patronales
de querer imponer unas condiciones  
que no son más que “una actitud
ventajista en el momento actual,
ante la necesidad de firmar
un acuerdo antes del 8 de julio”.


 

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Las propuestas de las patronales pasan por la regulación de la jornada para todo el territorio nacional a 1826,27 horas anuales, como marca el Estatuto de los Trabajadores; la  eliminación del concepto antigüedad en todos los convenios territoriales que aun lo tengan, así como la de la paga de marzo, llamada de beneficios y la  unificación del valor de las Dietas nacionales e internacionales.


 

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Ultraactividad

 

¿Cuántos trabajadores

están afectados?

 

Conocer el número de trabajadores que podrían ver cómo sus condiciones laborales empeoran el próximo 8 de julio, no es fácil. Los sindicatos defienden que puede afectar a unos 2,5 millones; mientras que CEOE reduce el número a 1,5 millones. Para acabar con la discrepancia, ambas partes han reclamado conjuntamente —y vuelven a hacerlo en el texto— “información sobre los convenios y trabajadores afectados”. No obstante, no parece fácil que obtengan una respuesta rápida y precisa. Los datos sobre negociación colectiva en España adolecen de parcialidad y son manifiestamente mejorables, como han admitido reiteradamente los responsables del Ministerio de Empleo, tanto de este Gobierno como de los anteriores.

 




Con la negociación totalmente atascada desde marzo pasado, el sector se veía abocado a una huelga, si no había un cambio de actitud de una y otra parte; los sindicatos acusan a las patronales de querer imponer unas condiciones “que no son más que una actitud ventajista en el momento actual, ante la necesidad de firmar un acuerdo antes del 8 de julio”. En el lado contrario, desde CETM y COMAT, no se entiende la negativa de las organizaciones sindicales a negociar, y consideran que lo que han planteado acepta, “al menos de forma parcial”, lo que proponían. Como ejemplo de ese acercamiento, mencionan su disposición a negociar una prórroga en la ultractividad de los convenios, punto que habían rechazado de plano hasta esa reunión.
La última propuesta puesta sobre la mesa por la patronal data del 9 de mayo,  una propuesta calificada como más cercana a las peticiones de las organizaciones sindicales que abogan por cuestiones como prorrogar la ultractividad de los convenios provinciales hasta 31 de julio de 2014; que los artículos que se negocien sean materia reservada y prevalentes en las negociaciones de ámbitos inferiores; no pactar ningún tipo de compromiso sobre prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, entre otros.  
Tampoco ha tenido mejor acogida una serie de puntos presentados por las patronales en los que se propone la regulación de la jornada para todo el territorio nacional a 1826,27 horas anuales, como marca el Estatuto de los Trabajadores; la  eliminación del concepto antigüedad en todos los convenios territoriales que aun lo tengan, así como la de la paga de marzo, llamada de beneficios,  que   solo se abonarían si la empresa realmente tuviera beneficios en el curso del año anterior y siempre que éstos al menos del doble del coste de los salarios, tras pagar impuestos. Por último, el documento presentado por la patronal también exige la unificación del valor de las Dietas nacionales e internacionales, un punto también rechazado por las organizaciones sindicales.
Ante este panorama, resulta difícil saber que es lo que va a pasar antes del día 8 de julio. El comunicado de prensa emitido por CC.OO en el que se asegura, “no estar de acuerdo ni con el fondo, ni con la forma, calificando  además la posición de la patronal de inasumible, fue lo que llevó a las organizaciones sindicales a plantear unas movilizaciones.
Conflictividad laboral
Llegados a este punto, los sindicatos han empezado a caldear el ambiente con una serie de movilizaciones, que, con mayor o menor éxito, pretenden despertar  la conciencia de sus afiliados ante la inminente fecha de caducidad de todo el convenio colectivo actual.
Así,  la convocatoria de los días 23y 24 se llevó a cabo en Barcelona con un seguimiento desigual. Según CCOO, la huelga ha cifrado un seguimiento del 80% el primer día de huelga y de un 74% el segundo, con especial incidencia en el Puerto de Barcelona, la Zona Franca y polígonos de CIM Vallès y Can Salvatella, por lo que consideran "ha sido un éxito". En el polo opuesto se situaba CETM que informaba de una “absoluta normalidad en la provincia, con un seguimiento prácticamente nulo, descartando la acción de algunos piquetes informativos”.
Sin embargo, esta movilización si tuvo alguna consecuencia interesante: ante el patente desencuentro entre las partes, se firmó un acuerdo en materia de ultractividad entre CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, gracias al cual se abre un escenario de negociación con unas perspectivas que sobrepasan el 8 de Julio, fecha en la que la reforma laboral estipula el decaimiento de los Convenios que se encuentren con más de un año de negociación sin alcanzar acuerdo entre las partes.  
El caso de Madrid, otra de las provincias amenazada por la fatídica fecha del 8 de julio, ha sido más rocambolesco. Primero se fijó la misma fecha que en Barcelona, pero hubo de retrasarse por un problema administrativo, de dudosa explicación, hasta el lunes 27.  En el caso de Madrid,  los paros en el sector se habían convocado por CCOO y UGT en defensa del Convenio Colectivo del Sector de Transporte de Mercancías, tras el continuo desencuentro con la patronal COMAT, a la que el sindicato acusa de mantener una postura “cerrada e inmovilista” desde el inicio de las negociaciones en el año 2011, y “que ha ido en aumento tras la aprobación de la reforma laboral del pasado año”.
En un último intento por paralizar las movilizaciones la Asociación patronal UNO, integrante de COMAT, solicitó una reunión en su sede con los dos sindicatos convocantes, donde realizaron una propuesta de negociación de convenio, abriendo un nuevo ámbito funcional que sólo afectaría a las empresas operadoras de Logística y Transporte de la Comunidad de Madrid, poseedoras de la correspondiente autorización administrativa de O.T.
La pregunta que debe responder el sindicato ahora es ¿A qué empresas afecta y, sobre todo, cuantos miles de trabajadores y trabajadoras  podrían dejar fuera, en una situación de indefensión, sin un convenio colectivo que regule sus condiciones laborales?. Ciertamente la gran mayoría, pues en COMAT están representadas tanto las empresas pertenecientes a CETM, Fenadismer, y Fetransa, entre otros, organizaciones que agrupan a la gran mayoría de los trabajadores móviles (conductores) de la Comunidad.
La cuestión para el sindicato CC.OO es clara: “ hay una parte en el banco patronal que sí está por el acuerdo y otra, CETM, que no quiere negociar”. El responsable de UGT señala que en el caso de la patronal UNO sí se asume la negociación del convenio, pero en el caso de CETM “no quieren convenio” y “parecen no tener problema con la huelga pues en unos casos trabajan con autónomos y en otros las grandes empresas han llegado a pactos con los asalariados”.
Desde el otro lado del banco, es decir, desde la Patronal, el presidente de CETM, Marcos Montero defiende su posición,  asegurando  que es “absolutamente falso”, lo que han manifestado las organizaciones sindicales de que nos hemos levantado de la reunión sin negociar. “Lo que sucedió es que nos plantearon iniciar las conversaciones partiendo de una imposición: continuar con la ultractividad. Y eso no estamos dispuestos a aceptarlo”

Prisas de última hora

Los casos de Madrid y Barcelona son, quizás, los de más difícil solución, pero en absoluto son los únicos enquistados. No lo tienen  mucho más fácil en Vizcaya donde los sindicatos CC.OO, UGT y LAB han anunciado  en rechazo a la “insultante” propuesta de la patronal Asetravi, que, a su juicio, pretende “recortar” derechos laborales.
Las centrales sindicales, no descartan la posibilidad de convocar una huelga en el sector vasco de transporte de mercancías de Euskadi en defensa de las reivindicaciones de los trabajadores, que pasan por la firma de un nuevo convenio colectivo que sustituya, por ejemplo en el caso de En Vizcaya, al convenio sectorial que data ya del año 2009.
En la misma lí-nea se prepara la provincia de Valencia, donde las movilizaciones se han aplazado hasta junio, para dar un margen a la negociación. Según denuncia CCOO, la patronal pretende imponer unas condiciones inaceptables a los trabajadores de este amplio sector, que engloba a la logística, paquetería, grúas y conductores en general. El sindicato afirma que los empresarios del transporte “no tienen límite”, y desmiente que el sector necesite otras condiciones laborales para ser viable. En su opinión la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) “exige jornada ordinaria de lunes a domingo, congelación salarial du- rante toda la vigencia del convenio, no cumplir con lo pactado en las tablas salariales de 2011 y no aceptar la vigencia del convenio actual has- ta que se firme un nuevo acuerdo”.  
Otros puntos conflictivos, sin embargo han evolucionado hacia posturas negociadas, cerrando la puerta a las convocatorias de huelga previas. Ese es el caso, por ejemplo de Toledo, donde se había convocado una huelga indefinida para el dia 29 de mayo, pero que finalmente fue desconvocada un día antes.
“La suspensión-aclaran fuentes de UGT- ha sido posible tras el preacuerdo alcanzado con las patronales UNO y Fedeto por el cual se ha pactado una subida salarial del 5% (incluido pluses) para el sector de operadores logísticos y de un 1,25% para los trabajadores del sector de transportes por carretera, en ambos casos con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2013.
Asimismo, se ha acordado mantener íntegramente el texto del actual convenio de transportes de la provincia y de la ultractividad del mismo. El compromiso adquirido implica la futura negociación de un convenio exclusivo para el sector de operadores logísticos y separar esta actividad del convenio de transportes de Toledo, una posibilidad a la que UGT siempre se ha mostrado de acuerdo pero que hasta ahora encontraba el rechazo de las patronales.

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