La Plataforma contra la Morosidad pide la implantación urgente de un régimen sancionador
Denuncia el empeoramiento de los plazos de pago a proveedores del sector público y privado y augura una situación sin precedentes con cerca de medio millón de empresas que están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha alertado sobre el empeoramiento de los plazos de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas y del sector privado, y el más que significativo aumento del 74% de los impagados, constatado en la nueva edición que acaba de presentar de su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2020”.
Del análisis se desprende que el plazo medio de pago a proveedores aumentó tanto en el sector público (en 7 días, un 10%, pasando de 70 a 77 días), como en el sector privado (un incremento del 5%, sumando 4 días, situándose en 77 días frente a los 73 de 2019). De este modo, los plazos medios de pago distan aún más de los establecidos por la ley 15/2010 (30 días para las AA.PP. y 60 para las empresas). Se han igualado los plazos públicos y los privados, tendencia que podría vaticinar una aceleración del empeoramiento de los pagos de las AAPP frente a los del sector privado.
Antoni Cañete; presidente de la PMcM "urge implantar ya un régimen sancionador que multe a las empresas morosas para evitar que se rompa la cadena de pagos, se inyecte liquidez al sistema, mejore la competitividad y productividad de las empresas y se reduzca la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos, en un contexto marcado por la COVID-19 que ha golpeado duramente a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos”. Y no es para menos, porque según el informe presentado, medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos.
Ante el panorama que ha dibujado la encuesta que anualmente realiza la Plataforma, Antoni Cañete ha solicitado, una vez más, a los grupos políticos “responsabilidad” para que en el trámite de enmiendas (que finaliza el 3 de marzo) se tomen las ya pactadas durante la negociación de la Ley presentada por Ciudadanos, y se agilice así la instauración del régimen sancionador.
En niveles de 2015
A tenor de la entidad, se ha constatado que este empeoramiento de los plazos de pago está haciéndonos retroceder a los niveles registrados en 2015 (por parte de las AA.PP.) y en 2016 (en el sector privado). Según el informe de la PMcM, elaborado a partir de cerca de 800 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el 16% de los encuestados ya ve claramente que los plazos en los que están cobrando no permiten la viabilidad de sus negocios. Además, teniendo en cuenta el contexto de la crisis del COVID-19, casi la mitad de los encuestados (48%) cree que sus plazos de cobro empeorarán durante 2021.
Cañete advierte del “riesgo de la ruptura de las cadenas de liquidez”. Cuando los encuestados son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 70% declara que sería pedir financiación, y un 23% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago. En este sentido, el 8% de las empresas participantes en el estudio de la PMcM han manifestado que la crisis del COVID-19 ya les ha llevado a ampliar sus plazos de pago. “Si no salimos de este bucle de forma inminente, puede llevarnos a una situación sin precedentes y con graves consecuencias para el tejido empresarial”, aclara.
Las grandes empresas, las peores pagadoras
La mitad (50%) de los encuestados aseguran que sus clientes del sector privado han empeorado sus plazos de pago. Por tamaño de empresa, para la mitad de los encuestados (50%), el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de €).
Además del empeoramiento de los plazos de pago, también se constata la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 62% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004.
A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 87% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.
Según se desprende de la encuesta realizada por PMcM, si cobraran todas sus facturas a tiempo, el 11% reducirían su necesidad de financiación en más de un 40%, y el 24% de los encuestados la rebajarían entre un 20% y un 40%.
En lo que se refiere al medio de pago frecuente, el confirming, el 11% ha percibido un mayor ofrecimiento de lo habitual por parte de sus clientes desde el comienzo de la crisis del COVID-19. El 19% indica que se ha alargado el plazo de vencimiento y al 2% les obligan a descontarlo.
