Miércoles, Diciembre 01, 2021

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REPORTAJE: El pago por uso de las autovías vuelve a la agenda del Gobierno

El pago por uso de las autovías vuelve a la agenda del Gobierno y, aunque los plazos para una hipotética tarificación de estas infraestructuras no se vislumbra antes de 2024 en ningún caso, la nueva Ministra de Transportes quiere retomar la búsqueda de un sistema de pago por uso de las autovías libres de pago en busca de un sistema más equilibrado y mas justo, pero aún sin concretar.

Nada más acabar el verano la política retoma su actividad frenética. Así, en lo que al sector del transporte por carretera se refiere, septiembre va a empezar con la eliminación de los tramos de peaje de las autopistas AP-7 y AP-2, liberando cerca de 500 kilómetros. Como contrapunto a esta medida, la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, retomará en el inicio del curso político el debate sobre el plan remitido por el Gobierno a Bruselas la pasada primavera para el cobro por el uso de las autovías, hasta ahora gratuitas, a partir de 2024.

Con la salida de José Luís Ábalos del Ministerio de Transportes, parecía que el espinoso tema de la financiación de las infraestructuras de transporte, en especial de las vías de alta capacidad, iba a beneficiarse de un respiro momentáneo… pero no ha sido así.

Como se recordará, tras las críticas recibidas antes del verano, cuando el anterior ministro de Transportes defendió el plan enviado a Bruselas que cosechó la negativa tanto de sus socios políticos como de sectores industriales claves, entre ellos el transporte por carretera, José Luís Ábalos moduló la propuesta, asegurando que no se implantaría ese modelo de pago ante la ausencia de consenso. Así, mientras el calendario remitido a Bruselas preveía que el texto se elevara en el primer semestre de 2021 al Consejo de Ministros para una primera lectura, el responsable de Transportes, retrasó su implantación ”nunca antes de 2024” y supeditada  a  alcanzar un  consenso político mayoritario, así como un acuerdo con el sector del transporte por carretera.

Se da por hecho

Durante la comisión de Transportes del Congreso de los diputados del pasado jueves 16 de septiembre, la ministra de Transportes ha defendido la decisión del Gobierno de implantar peajes en la red viaria española, argumentando que «24 de los 27» estados miembros de la Unión Europea tienen implementado un sistema de pago por uso. Aunque Sánchez ha admitido que habrá que “entrar a analizar cuál será la forma más idónea” para el cobro, ha dado por hecho que su implantación deberá producirse “en los próximos meses” para que quede implantado antes de 2024.

Desde el Ministerio de Transportes argumentan, además, que la situación actual de las autopistas de peaje genera desequilibrios territoriales, con especial atención a Cataluña, que tiene el mayor porcentajes de peajes de España.

“Estamos trabajando en una propuesta de tarificación de la red de carreteras de alta capacidad del Estado, basada en el principio de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental, que será sometida a un diálogo transparente con los grupos políticos, agentes sociales, también con las administraciones como ya hemos indicado en múltiples ocasiones, y administraciones competentes”. Una propuesta que deberá definir con más detalle su implementación en lo relativo a plazos, carreteras, y demás cuestiones, que hasta ahora se desconocen por completo.

“Tenemos que ser conscientes de que, por un lado, tenemos un importante déficit de inversiones en mantenimiento de la red de carreteras generado a lo largo de la última década, el cual ha venido acompañado de un notable incremento de la Red en los últimos años y nuevos kilómetros de infraestructuras puestos en servicio” ha dicho la ministra, que ha añadido que pese a que “estamos tomando varias medidas para intentar compensar estos desequilibrios (….) esta situación no es sostenible a medio plazo. Necesitamos recursos para poder mantener unos estándares adecuados de calidad de nuestras carreteras. Además, tenemos que responder al criterio europeo de “quien contamina paga”.

Raquel Sánchez. Ministra de Transportes: “Necesitamos recursos para poder mantener unos estándares adecuados de calidad de nuestras carreteras. Además, tenemos que responder al criterio europeo de “quien contamina paga”, y contribuir a la reducción de los gases del efecto invernadero que se generan”.

Sánchez ha citado entre las medidas que ya han tomado que  no han  prorrogado los contratos concesionales de los más de 1.000 km de autopistas que han vencido en estos tres años, al tiempo que han inyectado recursos en rebajar los peajes vertebradores de una comunidad, como en la AP-9 de Galicia, que desde el 29 de julio disfruta de unas bonificaciones históricas.  “No sólo no se han prorrogado concesiones -afirma la ministra- sino que se han incrementado un 72% las dotaciones para reducir peajes de concesiones vigentes”.

Mensaje para Europa

Dando por hecho que al final se avanzará hacia la tarificación de las infraestructuras viarias, desde el Gobierno no dejan de lanzar el mensaje de que se trata de articular un modelo de pago por uso que encuentre el máximo consenso posible entre las fuerzas políticas, las administraciones y los agentes sociales.

Desde el departamento de Transportes  insisten en que, además de buscar un modelo más justo y equilibrado serviría, por un lado “para lanzar un mensaje a Bruselas de control de gasto público”, ahora que la deuda pública española parece desbocada y con un déficit sin aparente control, al que la inminente liberación de los tramos de peaje sólo vendrá a sumar gasto. Además, Raquel Sánchez, también ha querido poner sobre la mesa el hecho de que España sea uno de los países de Europa con menor porcentaje de red de carreteras de pago de Europa, un 15%. 

Desde el departamento de Transportes  insisten en que, además de buscar un modelo más justo y equilibrado serviría, por un lado “para lanzar un mensaje a Bruselas de control de gasto público”, ahora que la deuda pública española parece desbocada y con un déficit sin aparente control, al que la inminente liberación de los tramos de peaje sólo vendrá a sumar gasto. Además, Raquel Sánchez, también ha querido poner sobre la mesa el hecho de que España sea uno de los países de Europa con menor porcentaje de red de carreteras de pago de Europa, un 15%. 

 

Desde que el Gobierno empezó a liberar  peajes a las autopistas que vencían su concesión, en junio de 2018,

se han liberado ya un total de 1.029 kilómetros, lo que supone un ahorro de

1.400 millones de euros anuales a los usuarios.

La otra cara de los peajes

Mientras por un lado, cada día está mas claro que avanzaremos hacia un sistema de tarificación por uso de las infraestructuras, por otro, el Gobierno ha seguido avanzando en la liberalización de las autopistas de peaje que han alcanzado el final de su concesión a las empresas que las han venido explotando.

En esta ocasión, a partir de septiembre el Gobierno ha liberado en total 477 kilómetros de autopista de peaje. En concreto, 262 kilómetros de la AP-7 y 215 kilómetros de la AP-2 pasarán a ser gratuitos, tras concesiones de entre 47 y 55 años a las que se llegaron tras sucesivas prórrogas de hasta 26 años.

En el caso de Cataluña, las liberaciones suponen la total eliminación de los peajes de Red de Carreteras del Estado en Cataluña, teniendo en cuenta que en 2018 era la comunidad que mayor porcentaje de kilómetros de pago, con un 52%.

Mientras en Aragón, la liberación de los 102 kilómetros de AP-2 supone un ahorro de 90 millones de euros anuales, se reduce el número de kilómetros de vías de peaje de un 19% a un 6% con respecto al total de vías de alta capacidad en esta Comunidad Autónoma donde, a partir de mañana, será un 76% más barato para el usuario.

1.029 km liberados de autopistas de peaje desde junio de 2018

La estimación de MITMA sobre el ahorro anual para los usuarios que va a suponer la liberación de estos peajes, tanto del tramo de la autopista AP-7 Tarragona-La Jonquera y como de la AP-2 Zaragoza-El Vendrell, llegará hasta los 752 millones de euros anuales.

Además, el Gobierno, en cumplimiento con el compromiso que adquirió a su llegada en junio de 2018, inició la liberación de los peajes en noviembre de ese mismo año con el tramo de la AP-1 Burgos-Armiñon, siguiendo en 2020 con la liberación de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz; hitos a los que ahora se suman las próximas liberaciones de la AP-2 y la AP-7.  En total, se han liberado 1.029 kilómetros de autopistas de peaje.

Con todo, desde el próximo miércoles 1 de septiembre, circular por la red de carreteras del Estado será un 73% más barato de lo que era en 2017; y 4 de cada 10 kilómetros de autopista de peaje pasa a ser gratuito.

Esto supone un ahorro de 1.400 millones de euros anuales a los usuarios, principalmente por la liberación de peajes, pero también por las rebajas de peajes de SEITTSA y las bonificaciones a vehículos ligeros y pesados en tramos de autopistas de peaje.

 

 

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