La Comisión Europea quiere acabar con la morosidad que sufren pymes y autónomos
Quiere proponer al Parlamento un Reglamento que sustituirá a la Directiva Europea sobre Morosidad, que reduce este plazo a un máximo de 30 días, en vez de a 60 como estaba contemplado hasta ahora en la Directiva.
La Comisión Europea quiere seguir los pasos de España en la reducción de los plazos de pago de las empresas, especialmente la de los autónomos y pymes, que son los más vulnerables ante estos retrasos en los cobros.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha tenido acceso al documento que la Comisión Europea remitirá al Parlamento para someterlo a aprobación, en el que propone medidas para frenar la morosidad en las relaciones comerciales y fomentar así la liquidez de las empresas.
Se trata de un Reglamento que sustituirá a la Directiva Europea sobre Morosidad, por lo que tendrá un carácter inmediato y directamente aplicable a cada legislación nacional. La principal medida consiste en que las empresas tengan que pagar a un máximo de 30 días, en vez de a 60 como estaba contemplado hasta ahora en la Directiva.
En opinión de Antoni Cañete, presidente de esta plataforma, la morosidad en el pago de facturas representa “un problema sistémico para la economía de la UE, afectando a empresas de todos los sectores y de todos los estados miembro, y de manera desproporcionadamente grave a las pymes, que dependen de flujos de efectivo regulares y previsibles. Por todo ello, el anuncio del Reglamento es una noticia de gran calado para la economía europea al completo”.
A principios de julio, la PMcM, junto a PIMEC, celebraron un acto en el Consejo Económico Social y Europeo, en Bruselas, en el que se reunieron con representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. A esto se suma que durante los últimos meses “hemos estado en contacto con miembros de la Comisión Europea aportando documentación y recomendaciones para dar forma a esta futura norma tan necesaria para nuestras pymes y autónomos”, explica Cañete.
Intereses a cargo del deudor y mediación, entre las nuevas medidas
La morosidad obstaculiza la competitividad, aumenta la incertidumbre y, en el caso de la contratación pública, reduce la participación de las pymes. En cualquier empresa afectada aumentan las necesidades de capital circulante, incrementan los costes debido al tiempo invertido en molestar a los deudores y aumentan los costes de financiación. Además, la lacra de la morosidad impone una “presión desproporcionada a las pymes”, denuncia el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
“Con esta propuesta de la Comisión Europea de sustituir la Directiva por un Reglamento, las pymes y autónomos están de enhorabuena, porque este formato da más rapidez y brinda de herramientas reales para luchar contra la morosidad”, añade. Tal es así, que el Reglamento hará que el pago de tasas compensatorias e intereses sea legalmente automático en caso de morosidad.
Además, el Reglamento facilitará a las empresas hacer valer sus derechos reduciendo la carga y facilitando el acceso a una reparación efectiva a través de la mediación. “Los litigios resueltos a través de la mediación suponen costes mucho menores que los procedimientos judiciales”, señala el presidente de la PMcM.
